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El des-orden territorial provocado por la locomotora minera

27 Oct

El des-orden territorial provocado por la locomotora minera (Ingrid Penagos)

on Martes, 15 Octubre 2013. Posted in Artículos, Edición 19, Ingrid Penagos Peña, Nacional, Territorio , Minería

19 IngridEl Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 109, ordenó a la autoridad minera elaborar un plan nacional de ordenamiento minero, que tuviera en cuenta los lineamientos en materia de ordenamiento territorial y ambiental. Sin embargo, a la fecha el plan no existe y los avances son realmente precarios. Lo que sí avanza es una avalancha de conflictos en los territorios que configuran una crisis estructural del ordenamiento territorial en el país.
 
Ingrid Penagos
Fuente: www.vanguardia.com
En los últimos años el país ha experimentado un inusitado proceso de titulación y de radicación de solicitudes de contratos de concesión para explotación minera. Todo este proceso en concordancia con la política Colombia: país minero. Además de provocar una masiva ocupación del territorio en función de intereses del sector, lo anterior se ha llevado a cabo en medio de irregularidades que muestran una crisis estructural del catastro minero administrado hasta hace muy poco por el INGEOMINAS y ahora por la recién constituida Agencia Nacional de Minería.

Las cifras de la titulación son alarmantes: existen 9.331 títulos mineros otorgados y 10.138 solicitudes de títulos en trámite, de acuerdo al reporte de la Agencia Nacional de Minería (2012, p.1). Este proceso centralizado y excluyente ha generado cuatro tipologías de conflictos por el uso del suelo en zonas destinadas para la minería que exhiben a continuación.

1. Pequeña y mediana minería vs gran minería

Una característica de la titulación es el favorecimiento a grandes compañías multinacionales en zonas donde se desarrollan actividades de minería tradicional, pequeña y mediana minería. Tal es el caso de los departamentos del litoral pacífico, especialmente el del departamento del Chocó:

19 Ingrid1Fuente: Agencia Nacional de Minería, cálculos propios.

El Chocó es un caso típico de titulación en zonas con tradición y vocación minera, igualmente ocurre en departamentos como Antioquia, el área del Sur de Bolívar, y los municipios costeros del litoral pacífico en los que el epicentro de la actividad económica es la minería realizada con utilización de equipos mecánicos como dragas, mini-dragas y retroexcavadoras que extraen el recurso en minas que tienen una máxima extensión de dos o tres hectáreas.

Con la puesta en marcha de la locomotora, estos mineros están siendo desplazados, perseguidos y presionados a abandonar su actividad económica o en su defecto a plegarse a la minería a gran escala. El 30 de octubre de 2012 entró en vigencia el decreto 2235 que reglamenta el artículo 106 de la ley 1450 PND que prohíbe la explotación de minerales sin las exigencias previstas en dicha ley, el decreto autoriza a la Policía a destruir la maquinaria y sus partes que no tengan la documentación correspondiente al momento del operativo. Igualmente este procedimiento pretende elevarse a ley de la república a través de un proyecto de ley de autoría del Ministro de Defensa, en el que se establece que se incurrirá en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes se encuentren adelantando actividades de minería ilegal (Proyecto de ley 091 de 2013, por medio de la cual se modifican el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Adolescencia, con el fin de fortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo, y se dictan otras disposiciones).

De acuerdo con ASOMICHOCO la mayoría de los mineros del departamento no cuentan con título ni mucho menos licencia ambiental. Ellos afirman haber realizado solicitudes de formalización ante el Ministerio de Minas de las cuales la mayoría han sido rechazadas y muchas de ellas no contestadas. En sus palabras “el Gobierno quiere sacarnos, entregarle todos nuestros recursos y territorios a las multinacionales, no lo permitiremos y lucharemos por nuestro derecho al trabajo y al alimento de nuestras familias” (Quinto, 2011, Audiencia Pública Senatorial). La mayoría de estas solicitudes se han realizado hace más de 10 años.

2. Minería vs sistema de áreas protegidas

La titulación ha contravenido la ley 685 del 2001 como también la legislación ambiental que ordena la protección especial del Sistema Nacional de Áreas protegidas. Contrario a eso, la autoridad minera ha otorgado títulos y admitido solicitudes sobre zonas de páramo, parques nacionales naturales y zonas de reserva. Actualmente existen 104 títulos que se superponen con áreas de reserva forestales, 154 títulos con parques nacionales naturales y 451 títulos en zonas de páramo (Agencia Nacional de Minería [ANM], 2012, 7).

Este proceso configura un grave riesgo de deterioro ambiental en zonas ecológicamente sensibles. Tal es la gravedad de este fenómeno que la Contraloría profirió una función de advertencia en la que alerta sobre el daño ambiental que, con ocasión al otorgamiento de títulos en zonas de páramos, provocaría en estos ecosistemas y que pondría en riesgo el abastecimiento de agua a ciudades con población superior a 13 millones de personas, es decir, el 40% del país (CGR, 2012, p.9). La autoridad ambiental manifiesta que viene ejerciendo acciones para reversar esta tendencia, lo cierto es que aún no es constatable tal intervención.

3. Minería vs agricultura

Esta tipología de conflicto se expresa en áreas cuya vocación es eminentemente agrícola, sin tradición minera, con altos volúmenes de producción de alimentos. Aquí se incluye el conflicto territorial generado por el controvertido proyecto La Colosa en el municipio de Cajamarca, título que ostenta la multinacional Anglogold Ashanti, que es a la par la compañía que más títulos mineros tiene en el país. En esta zona, por sus favorables condiciones climáticas, se cultivan diversos productos de la canasta básica alimentaria de la región.

Recientemente se tuvo acceso a información acerca de una compra masiva de predios en el área de influencia del proyecto (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cajamarca, 2013, p. 1-8). Todas son fincas cultivadas con productos de pancoger. La oposición al megaproyecto minero no se ha hecho esperar: “Nos preocupa especialmente el deterioro ambiental, porque no son diez volquetadas de tierra las que van a caer aquí sino todo el material de extracción que sale de las 515 hectáreas que tiene AngloGold Ashanti en Cajamarca” declara del concejal Carlos Iván Olaya, uno de los líderes de un paro cívico que se realiza actualmente en el municipio Doima (Bermúdez, 2013, párr. 15).

El eje cafetero es también blanco de la Locomotora. Así, esta zona, conocida como la principal productora de café, está en riesgo de ser afectada por la exagerada titulación. A esta situación se suma una resolución de la UNESCO que determinó el paisaje cultural cafetero como patrimonio mundial. En la misma resolución ordena de manera taxativa “no autorizar ninguna actividad minera dentro de la propiedad y de sus alrededores inmediatos” (Resolución 35 COM 8B.43, 2011, p.6).

El Paisaje Cultural Cafetero PCC lo conforman cuatro departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que incluye a 47 municipios, que comprenden 141.120 hectáreas. En el área del PCC existen en la actualidad 314 títulos mineros que ocupan un área de 160.817 hectáreas (López, 2011, p.14).

En los departamentos de Cauca, Nariño y Huila existen concesiones mineras en zonas donde jamás han obtenido un gramo de oro, habitadas por comunidades campesinas con una cultura agropecuaria. En estas zonas en jurisdicción del macizo colombiano, una de las principales reservas hídricas de la nación (Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, 2011, 45), se encuentran realizando labores de prospección y exploración para realizar proyectos de minería a cielo abierto, modalidad que altera el paisaje, la vocación y uso del suelo y evidentemente tiene graves impactos ambientales.

De continuar los planes de la locomotora, es casi que inminente el desplazamiento de una actividad productiva enraizada culturalmente en estas regiones como la producción de alimentos, por una intrusa actividad que por esencia es antípoda con la naturaleza.

4. Minería vs territorios de comunidades indígenas y afros

Pese a que estas comunidades guardan una protección especial por la Constitución y la Ley, también son hoy reflejo del ímpetu de la Locomotora, ya que en estas zonas existen miles de hectáreas destinadas a la explotación minera. Es importante señalar que hay comunidades indígenas que tienen definido no realizar ningún tipo de actividad minera en sus territorios. En contraste, las comunidades afros si tienen un vínculo ancestral con esta actividad y realizan minería de subsistencia o barequeo. Un aspecto relevante es el esguince que se le hizo al proceso de consulta previa para la titulación en estas áreas, que se ha convertido en un obstáculo para que se aceleren los procesos de conocimiento e ingreso de las mineras a las zonas de resguardo y consejo comunitario, figuras de organización territorial colectiva de las comunidades indígenas y afrodescendientes, respectivamente.

La minería en estas zonas comporta una doble exclusión: la primera es la violación a la participación consagrada en el bloque de derechos internacionales en materia de toma de decisiones, y la segunda, la implantación de un modelo que estructura el territorio con estándares intensivos de explotación de los recursos naturales. Sin lugar a dudas, esta simbiosis terminará por agravar los actuales conflictos detectados.

Consideraciones finales

La Locomotora minera tiene un impacto negativo sobre la vida de las comunidades, sus formas, tradiciones y estilos que han sido tejidos por múltiples generaciones que enfrentan una monstruosa amenaza en tanto al fragmentar los territorios y transformar estructuralmente la vocación y uso del suelo, se están alterando inexorablemente la cultura y las dinámicas de vida.

La multiplicidad de conflictos emergentes por el uso, ocupación y ocurrencia del suelo, se prolongará y complejizará ante la ausencia de una política de ordenamiento congruente. Se necesita, entonces, que el nivel central, anteponga el interés nacional a la imposición de los grandes centros financieros y que le otorgue protagonismo a los actores y constructores naturales del territorio.

Ordenar el territorio es oportuno en las actuales circunstancias históricas, por lo que habrá que emprender iniciativas en movimiento, junto a redes de múltiples comunidades que decididamente ejerzan el liderazgo necesario en cada unidad territorial para enfrentar la legislación y el avasallamiento de esta política, pues tales iniciativas en movimiento no son exclusivas de comunidades rurales ya que los centros urbanos serán igualmente impactados.

***

Bermúdez, A. (2013, 6 de febrero), Doima declara a AngloGold Ashanti minera non grata. La sillavacia.com. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de http://www.lasillavacia.com/historia/doima-declara-anglogold-ashanti-minera-non-grata-41344

Contraloría General de la República. (2012). Función de Advertencia: Degradación Ecosistemas de Páramos. Bogotá, Colombia.

López, A. (2011). Debate Control político Comisión Sexta Constitucional: Paisaje Cultural Cafetero. Bogotá, Colombia.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cajamarca. Certificado de Tradición Matrícula Inmobiliaria. (2013, Enero). Cajamarca, Tolima.

Pardo, A. (2012, 09 de diciembre), Modelo Minero 2012 para Colombia. Razónpublica.com. Recuperado el 14 de enero de 2013 de:

Quinto, A. (2011). Pequeña y Mediana Minería en el Choco. Ponencia presentada en Audiencia Pública Senatorial 2011, Bogotá.

 

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