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Santos y el Campo: entre el descontento social y las estadísticas engañosas

03 May

Revista Razón Pública (www.razonpublica.com)

Santos y el campo: entre el descontento social y las estadísticas engañosas 

Gabriel Tobón (Profesor e investigador de la Universidad Javeriana)

Lunes, 07 Abril 2014 04:19

El descontento crece pese a las buenas intenciones y a las estadísticas halagüeñas que el gobierno presenta para demostrar su compromiso con el campo. Por qué se acerca  un nuevo paro nacional agrario.

Paro-Nacional-P-549x366Tres claves del asunto

En el ocaso del gobierno Santos y en plena campaña por su reelección, el campo colombiano sigue debatiéndose entre sus viejos y sus nuevos problemas -sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos-.

En medio de esa gran complejidad, es conveniente analizar tres fenómenos para mejor comprender la situación agraria y las acciones del gobierno en busca de una solución a corto y a mediano plazo:

· Las estadísticas gubernamentales,

· La persistencia de la crisis social agraria, y

· El proceso emergente de unidad entre los movimientos sociales agrarios, étnicos (indígenas y afrodescendientes) y populares.

Las engañosas estadísticas

Según las estadísticas que difunden las instituciones gubernamentales, el campo colombiano está en franca y constante  recuperación.

Para hacer esto toman como referencia el crecimiento negativo del sector durante 2008 (0,2 por ciento) y 2009 (0,7 por ciento) y subrayan la recuperación de 0,2 por ciento en 2010, de 2,4 por ciento en 2011, de 2,6 por ciento en 2012, y un mejor desempeño en 2013, impulsado por la mejora de los precios internacionales del café, según el Ministerio de Agricultura.

Pese a esta trayectoria ascendente – que por supuesto no debe ser desestimada- se trata de una recuperación muy lenta y que además no cambia de verdad la realidad económica, social, ambiental, cultural y política de amplios sectores rurales. Es más: este crecimiento está muy lejos del que habría de tener la “locomotora” agrícola que Santos señaló en su Plan de Desarrollo.

El gobierno considera que lo más apremiante es reactivar la producción agropecuaria, promover la inversión extranjera directa en los megaproyectos agrícolas y elevar los niveles de competitividad y productividad de los grandes empresarios, mientras ignora los reclamos y propuestas de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Y en todo caso la forma de presentar las estadísticas cambia según el lente que se utilice. Por ejemplo:

– Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el crecimiento económico de Colombia durante 2013 (4,3 por ciento) fue muy satisfactorio porque superó “…al promedio de América Latina (3,4%), de países como Brasil (3%) y cercana a los registros de Perú (5%) y Chile (4,9%)”.

-En cambio Eduardo Sarmiento en su columna de El Espectador se refiere a esa cifra de un modo muy distinto: “El país regresó a mediados del siglo XX. La información de cuentas nacionales muestra que la economía fue impulsada por la construcción y la minería, creció 4,3%, y el perfil resultó insuficiente para reducir los altos niveles de desempleo e informalidad. (…) El crecimiento fue liderado por la minería y la construcción; sin embargo, la mitad del valor agregado minero sale del país por vía de la repatriación de capitales y la otra se compensa por las secuelas negativas sobre la industria y la agricultura”.

Y a renglón seguido, refiriéndose al sector agropecuario, puntualizó: la anunciada recuperación del sector se explica por el café, “(…) pero el empleo cayó 5%. Los cultivos semestrales (en particular cereales) y la ganadería no despegan”.

A la misma conclusión, aunque desde orillas muy distantes, han llegado los presidentes de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN). El primero declaró que las locomotoras del agro no habían despegado, y el segundo sostuvo que sus motores se encuentran prácticamente paralizados.

La crisis agraria

Para nadie es un secreto que persiste la crisis social, ambiental, política y económica del agro colombiano, y que esta crisis no se arregla con los buenos resultados que logra un grupo reducido de productores, en especial aquellos dedicados a la agroindustria y a los agronegocios propios de los cultivos permanentes.

La  crisis no encuentra soluciones ni en el modelo agroexportador que propone el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 ni en las políticas que promueve el actual gobierno. A esto se suman las severas deficiencias y problemas que registran casi todas las instituciones públicas del sector, que habrían de proveer las soluciones.

Bajo esas circunstancias el gobierno considera que lo más apremiante es reactivar la producción agropecuaria, promover la inversión extranjera directa en los megaproyectos agrícolas y elevar los niveles de competitividad y productividad de los grandes empresarios, mientras ignora los reclamos y propuestas de campesinos, indígenas y afrodescendientes, quienes por eso están acudiendo a las acciones colectivas, como fue  el Paro Nacional Agrario.

Hoy como ayer, la realidad del campo colombiano se refleja en indicadores tan básicos como la concentración de la propiedad sobre la tierra, la pobreza rural, los cultivos de coca, el conflicto armado o el desplazamiento forzado de sus habitantes. Pero las cifras y reportes del gobierno no se ocupan demasiado de estos asuntos.

Los suelos con vocación agrícola cubren un área de 22.077.625 hectáreas, pero apenas 5.315.705 están siendo cultivadas, lo cual indica un desperdicio cercano al 75 por ciento del potencial productivo del país.

Para ilustrar otro ángulo de la cuestión de fondo, tomemos el ejemplo de los conflictos por el uso del suelo – que también son conflictos por la tierra- y que tampoco han sido atendidos por el gobierno Santos.

Así lo muestra la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2011 que realizó el DANE   en 22 de los 32 departamentos del país, y que encontró la siguiente distribución de superficies:

· Uso agrícola: 7.8 por ciento.

· Uso pecuario: 77.5 por ciento.

· Bosques: 9.7 por ciento

· Otros: 2.5 por ciento

· Área perdida: 2.5 por ciento.

Esta tendencia fue corroborada por el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) del 2012. Los suelos con vocación agrícola cubren un área de 22.077.625 hectáreas, pero apenas 5.315.705 están siendo cultivadas, lo cual indica un desperdicio cercano al 75 por ciento del potencial productivo del país.

Y mientras tanto los grandes megaproyectos viales, hidroeléctricos, mineros y petroleros siguen extendiéndose sobre otros suelos con vocación agrícola.

Pero el mayor contraste se da en el caso de ganadería: apenas 15.192.738 hectáreas tienen vocación para ella y sin embrago estamos usando 34.989.456, o sea más del doble de la tierra adecuada.

Por eso cabe preguntarse: ¿Qué papel han desempeñado las instituciones públicas en la formulación y ejecución de políticas para aumentar en serio la producción agrícola – en especial, de alimentos – y para la reconversión productiva del campo colombiano?

El movimiento social

El proceso de unidad entre los más diversos movimientos sociales del campo tuvo una nueva expresión en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que sesionó el pasado 18 de marzo. La Cumbre fue el resultado de dos hechos principales:

1. El incumplimiento repetido por parte del gobierno nacional de  los acuerdos de agosto de 2013 y la estrategia dilatoria de sus representantes para concretar los compromisos contraídos en las negociaciones con la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA).

2. El carácter excluyente del llamado “Pacto Nacional Agrario”, que solo atiende a los gremios o grupos empresariales más cercanos al gobierno pero no a los demás sectores, que son la mayoría y que también participaron en el paro.

De ganadería: apenas 15.192.738 hectáreas tienen vocación para ella y sin embrago estamos usando 34.989.456, o sea más del doble de la tierra adecuada.

Pero además el “pacto” no pasó de ser una salida política coyuntural para salvar la imagen del presidente, de su gobierno y de las instituciones agrarias. El pacto no pretende reconsiderar ni reformular las políticas equivocadas,  incluir a los actores diversos y divergentes, o dar cabida a las varias expresiones ideológicas para buscar conjuntamente alternativas y soluciones a los problemas del mundo rural.

Así lo entendieron los participantes en la Cumbre Agraria al señalar que “La Cumbre nace porque después de esta ´rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones´ que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento”.

La Cumbre fue pues una nueva oportunidad para construir la unidad del movimiento  campesino, étnico y popular agrario colombiano, sectores que históricamente han tenido contradicciones ideológicas y políticas. Por eso sus peticiones e iniciativas deben ser tenidas en cuenta en la defensa de los peor situados en el mundo rural.

El mejor indicativo de la situación del campo colombiano en el ocaso del actual período presidencial es la conminación que hace la Cumbre Agraria al gobierno para que cumpla sus compromisos o enfrente un nuevo paro a partir de mayo de 2014.

 

 

 

 

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